Renunció Jorge D’Onofrio, el ministro de Transporte bonaerense investigado por el escándalo de las fotomultas

El gobierno de Axel Kicillof informó que la salida se debió a “motivos personales”, pero venía desgastado por una causa que investigaba maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV. Lo reemplazará el massista Martín Marinucci

Tras semanas de desgaste y el avance de una causa por corrupción con las fotomultas, finalmente el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, presentó hoy su renuncia al cargo y será reemplazado por Martín Marinucci.

“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informa que Jorge D´Onofrio presentó este lunes su renuncia al cargo de Ministro de Transporte por motivos personales. Su reemplazante será el expresidente de las áreas de operaciones e infraestructura de Trenes Argentinos, Martín Marinucci”, se informó en un comunicado oficial.

Axel Kicillof y Carlos Bianco

En ese parte de prensa, el gobernador Axel Kicillof agradeció “el trabajo desempeñado por D´Onofrio desde su asunción en enero de 2022″ y resaltó “hitos muy importantes como la aprobación de la Ley de Alcohol Cero; la ampliación del Boleto Especial Educativo a más de cuatro millones de estudiantes bonaerenses; y la implementación del programa Licencia Joven para capacitar a miles de alumnos y alumnas del nivel secundario en materia de seguridad vial”.

Más allá de las razones públicas que ofreció la provincia de Buenos Aires, D’Onofrio venía resistiendo en el cargo tras el escándalo que estalló en su entorno por supuestas maniobras con las multas de tránsito que dependían de su área. El funcionario quedó envuelto en un esquema bajo sospecha que involucra supuestas coimas relacionadas con el sistema de fotomultas -para dar de baja infracciones por fuera del sistema oficial- y también presuntas irregularidades con licitaciones referidas Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Ante la salida del ministro, el gobierno bonaerense informó que en su lugar asumirá el dirigente del Frente Renovador Martín Marinucci, quien es licenciado en Administración y profesor del Instituto de Formación Docente y Técnica San Agustín. “Antes de ejercer la titularidad de Trenes Argentinos se desempeñó como director del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires; concejal del partido de Morón; y director de IOMA, entre otras funciones”, se indiicó.

La situación de Jorge D’Onofrio se había complicado a mediados de mes cuando quedó formalmente imputado por el delito de lavado de activos, en el marco de la investigación en la que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil. En esa causa también quedó imputada la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, su hermana, un juez de La Plata y el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El foco está puesto en saber si, desde diciembre de 2021, los involucrados han incrementado de forma ilícita e injustificada su patrimonio, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”.

En octubre pasado, una denuncia reveló la existencia de una trama de “gestores” que contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y prometían darla de baja del sistema. A esa denuncia se sumó como particular damnificada la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, que había experimentado una merma considerable en su recaudación mensual por las infracciones. Además, a través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.

D’Onfrio junto a Kicillof y el intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, el pasado 29 de noviembre

Según lo denunció el presidente de Secutrans, Leandro Camani, los gestores ofrecían borrar multas de tránsito del sistema a cambio de comisiones de entre el 30% y 50% del monto original que debían pagar por las faltas cometidas. Esta práctica, junto con contrataciones irregulares en concesionarias de la VTV, habría causado pérdidas económicas significativas para la compañía, estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales, ya que la empresa era proveedora del sistema en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires.