Pilatti: “hay que poner un freno a este abuso de poder»

El procedimiento judicial con participación del Gobierno de Santa Cruz en la Fundación Valdocco de Cañadón Seco disparó la polémica el pasado miércoles.

Una comitiva conformada por gran parte del gabinete provincial llegó al hogar de niños para realizar allanamiento “político”, un operativo violento e innecesario.

Con la justificación de mantener “su compromiso con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes” el gobierno provincial intervino la Fundación Valdocco en Santa Cruz e irrumpió en el lugar sin orden judicial.

La “Casa” Valdocco como es conocida, recibe y acompaña a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de marginalidad o riesgo en contexto de pobreza y abandono.

Bajo la consigna “dedicar la vida a los niños y jóvenes más pobres y necesitados” la Fundación Valdocco inició el trabajo en Caleta Olivia, y continuó ampliándose, destinada a quienes se encuentran en aislamiento territorial, padeciendo adicción a las drogas o se encuentren en situación de calle, víctimas de violencia o abuso y
exclusión social.

Persecución política y revuelo mediático

La medida del gobierno de irrumpir en el lugar sin orden judicial a través de un modo violento y avasallador con el que se fue a buscar información y se expuso a los menores no es solo una persecución política contra el padre Juan Molina, quien está al frente del hogar, sino que es persecución del Estado provincial contra un pequeño hogar que contiene a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social.

Al respecto, María Inés Pilatti Vergara manifestó que “hay que poner un freno a este abuso de poder ejercido por las autoridades provinciales”.

Accionar de la justicia

Por otra parte, es imperioso destacar el trabajo de la jueza de Familia y el juzgado de Caleta Olivia, que luego de entrevistar a los chicos y personal del hogar decide archivar el expediente que fuera iniciado por parte del Consejo Provincial de Educación, a través de la Fiscalía de Estado, ante una posible sospecha de vulneración de derechos.

Finalmente, se determinó que no existen indicios de delitos en la situación de los menores alojados en la institución, así como también se resaltó que “la educación impartida no se debe encorsetar en la cosmovisión de la educación clásica, sino que precisa ser adecuada a la raíz cultural de estos niños”, pertenecientes casi todos a
la comunidad wichi.

Campaña de desprestigio

Ante situaciones de este calibre, es necesario pensar y reflexionar cómo se llevan a cabo estas acciones de persecución y divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso circulo de desinformación para perjudicar a instituciones y personas que obran y trabajan en bien de la sociedad.

En ese sentido, la senadora opinó que “se pone en dudas el trabajo de quienes acompañan a tantos niños, niñas y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad resultan en una clara señal política para controlar, amedrentar y disciplinar a quienes acompañan los territorios y se comprometen social y políticamente con los más pobres y con otro modelo de país”.