Las Sociedades Rurales del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba expresaron su preocupación y a través de un comunicado se declararon en “estado de alerta” ante la posibilidad de una nueva suba impositiva que el gobierno provincial podría promulgar en los próximos días.
El anuncio de un “impuestazo” llegó en medio de la crítica por la dualidad de la postura gubernamental, que por un lado promueve la eliminación de tributos, pero por el otro prepara medidas fiscales que impactarán directamente en los productores agropecuarios.
Las entidades, que incluyen las sociedades rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes, Río Primero, Arroyito y Villa Dolores, se mostraron alarmadas ante lo que consideran un agravamiento de la carga tributaria.
“Es difícil entender cómo las autoridades pregonan la eliminación de impuestos, pero a la vuelta de la esquina se prepara un aumento para el sector agropecuario”, señalaron en su comunicado.
Además, destacaron el ya elevado entramado de impuestos nacionales que enfrentan, desde las retenciones hasta el IVA y el impuesto al crédito y débito.
Creciente malestar de los productores del noroeste cordobés
En 2024, estas entidades se separaron de CARTEZ, frente a lo que consideran un sistema tributario desfavorable para el sector.
Además, las entidades denunciaron la falta de servicios relacionados con las guías de hacienda en diversas jurisdicciones municipales y comunales, lo que consideran una grave omisión en un sector clave para la economía agropecuaria de la región. La crítica se extiende también a la falta de contraprestación por el servicio.
Además, los productores alertaron sobre un posible aumento en el canon de agua para producciones con riego en la provincia.
“Estamos en la antesala de medidas típicas de un modelo agotado, con incrementos exponenciales de impuestos”, señalaron en el comunicado, reflejando el temor de que estas subas agraven aún más la ya elevada carga tributaria que enfrentan los productores agropecuarios.
El mensaje final de las sociedades rurales fue directo y claro: “La gestión eficiente de los recursos implica eficientizar estructuras y proyectos con presupuestos lógicos y resultados más allá de las fotos”, afirmaron.
Consideraron que mantener impuestos distorsivos es negativo para cualquier sector, y que subirlos solo empeoraría la situación.
En un tono crítico, concluyeron que la costumbre de cambiar para que nada cambie sigue siendo la misma, reflejando el desencanto de los productores ante lo que consideran una falta de compromiso real por parte del gobierno provincial.
La posición del Gobierno
El gobierno de Córdoba subrayó que “lo que paga el campo vuelve al campo”, destacando que el 98% del Impuesto Inmobiliario Rural se destina a obras de infraestructura, seguridad rural y proyectos de conservación de suelos.
Según el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, “en Córdoba, el campo paga sólo el Impuesto Inmobiliario Rural, no hay tasa vial ni Ingresos Brutos, y eliminamos el impuesto a la Mera Compra”, lo que facilita un entorno fiscal más favorable para los productores.
Estas inversiones se canalizan a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que busca potenciar la actividad rural en la provincia, destacó.
Sin embargo, Busso también hizo hincapié en el impacto negativo de las retenciones nacionales, señalando que “el campo necesita que se concrete la promesa de reducción y posterior eliminación de este impuesto nefasto”.
A través de su cuenta en X, el ministro agregó: “Argentina crece con el campo, no sin el campo y mucho menos contra el campo”, citando al productor Humberto Volando para enfatizar el papel esencial del agro en el desarrollo del país.
