La insólita maniobra de ex funcionarios que destapó un fraude masivo en Santa Fe

Algo empujó a unas cuantas personas a moverse juntas para hacer la misma cosa como guiadas por un reloj trastornado. Esa misteriosa coincidencia encendió la señal de que en la ciudad de Cañada de Gómez, clavada en una de las zonas agrícolas más ricas de la provincia de Santa Fe, durante años altos funcionarios usaron los fondos municipales para financiarse viajes al exterior, traslados personales y hoteles alojamiento.

El tesorero de la Municipalidad detectó que el 6 y 7 de junio de 2023 ex funcionarios de primera y segunda línea aparecieron de golpe para hacer rendiciones de cuentas de gastos anticipados hacía muchos años. ¿Qué extraña manía los hacía brotar de repente a todos juntos?

Era rarísimo. Por ejemplo, un antiguo secretario municipal que devolvía 5 mil pesos que había extraído en 2006. Cuando se la habían adelantado era una buena cantidad de billetes pero al devolverla, comida por la inflación, no era casi nada. Era dinero que se había quedado en el bolsillo durante 17 años.

Los hechos se multiplicaron por el paso de los años y por diversos funcionarios. Con nueve meses en el cargo, el actual intendente de Cañada de Gómez, el radical Matías Chale, afirma que el municipio había sido una cueva financiera a tasa cero. Lo dijo cuando el viernes pasado se presentó en la Fiscalía Regional de Rosario a denunciar por administración fraudulenta y sustracción de dinero público a los antecesores en el cargo.

Que en realidad es, desde que hay constancias de la irregularidad descubierta, una sola persona. Desde 2003 hasta 2023 a este municipio de 30 mil habitantes, cabecera del departamento Iriondo, lo gobernó Stella Clerici. Por cinco mandatos fue intendenta de Cañada de Gómez con gestiones que merecieron su revalidación durante dos décadas.

El actual intendente de Cañada de Gómez, el radical Matías Chale, afirma que el municipio había sido utilizado como una cueva financiera a tasa cero.

Lo que denunciaron el intendente Chale con la representación del abogado Jorge Resegue es que hubo dos mecanismos para generar lo que llaman una estafa y un despilfarro como jamás se conoció en la ciudad. Uno es un mecanismo interno que es el anticipo de gastos para gestiones relacionadas con el municipio y el otro mediante tarjetas de crédito corporativas destinadas al mismo fin.

La ex intendenta de Cañada Gómez, Stella Clerici.

Con el primero ciertos funcionarios de primera y segunda línea como secretarios y directores estaban autorizados a hacer compras de servicios y bienes materiales con un pedido de anticipo de lo que iban a gastar y un mecanismo de rendición de cuentas estipulado en 15 días.

Fue como si tras años y hasta décadas sin rendir los anticipos una cantidad de funcionarios de distintas etapas se volvieran súbitamente responsables durante dos días. ¿Qué reloj caprichoso los llevó a regularizar esas entregas? Para los denunciantes es difícil explicarlo salvo por una circunstancia política. Una semana antes de que todos fueran a pagar sus atrasos la intendenta Clerici hizo público que no iría por un sexto período. Elegiría ser candidata a concejala. Del otro lado surgía una alianza entre la UCR, el PRO y el socialismo muy competitiva. En el municipio por primera vez en mucho tiempo había una seria expectativa de recambio.

En esa procesión de repentinos pagadores del año pasado se comprobaron dos cosas. Primero lo notable del tiempo transcurrido. A tal punto que se hicieron pagos de pocos pesos con centavos que habían quedado sin cuadrar. Pero también había incoherencias entre los comprobantes de lo rendido en relación al objeto para el cual se habían gestionado los gastos. Por ejemplo una gestión por un servicio en Buenos Aires por el que se devolvía la factura por el repuesto de un camión.

Según los actuales administradores la decisión de Clerici de no renovar en la intendencia en 2023 coincide con el hecho político de que se cierran un montón de expedientes que con la rendición de cuentas saldadas fueron al archivo.

Y allí hubieran quedado si no fuera por la insistencia del tesorero, un funcionario de planta y no político, que adujo que había manifestado en varias oportunidades a la contadora y a la Secretaría de Hacienda que por los anticipos de gastos no se rendían cuentas. Y eso mismo avisó a las nuevas autoridades. El intendente Chale ordenó a una funcionaria de Legales que hiciera un relevamiento en el archivo.

El resultado de esa auditoría interna fue una sorpresa. Durante 17 años se gestionaron 1745 expedientes de esa forma irregular. Hasta ahora se verificaron maniobras sobre 75 de esos legajos por un monto a valores actualizados que superan los 30 millones de pesos. Se presume que la plata que salió sin control de lo que Chale llamó «la cueva del municipio» es mucho más. Lo examinado hasta ahora es menos del 5% del total. La primera irregularidad encontrada es de 2006.

El segundo mecanismo defraudatorio denunciado por el intendente fue realizado con tarjetas de crédito corporativas asignadas a funcionarios del gabinete. Según lo advertido en los resúmenes de cuentas hay gastos que no tienen relación con gastos de gestión. En ocasiones en hoteles que, al decir de las fuentes consultadas, «no eran éticamente los más adecuados para utilizar dineros del municipio». Aparecen gastos en traslados, alojamiento, en electrodomésticos y zapatería que salvo que se acredite que se relacionan con la gestión parecen ser personales.

Hay además gastos fuera del país que no condicen con ninguna misión municipal según la denuncia. Gastos en bares y restaurantes dentro de Cañada de Gómez en días domingo o, como curiosidad, en aerosillas en Salta. Expedientes cerrados con gente que devolvió 25 centavos. «Una suma que no hay forma de pagar pero se devolvió porque necesitaban cerrar el expediente con la rendición de gastos», dijo el abogado patrocinante de la denuncia a LPO.

Ahora se abre la etapa de establecer responsabilidades de aquellos que devolvieron a valor nominal fondos que en su momento tenían un poder de compra mucho más alto. Cada expediente se iniciaba con la firma de dos funcionarios que autorizaban la entrega de gastos pero la rendición que debía pasar por tesorero y contador era más perezosa. «El primer paso fue la denuncia», dijo el abogado Resegui. «Ahora viene tratar de llevar la evidencia de los hechos denunciados uno por uno. Luego vendrán los análisis de responsabilidad».