Comodoro Py archivó la causa por violencia de género contra el juez Gustavo Hornos

El juez de la Cámara de Casación Penal Federal Gustavo Hornos, ya recibió protección en Comodoro Py frente a la denuncia por violencia de género que presentó su expareja en su contra, que fue rápidamente archivada por determinación del fiscal Guillermo Marijuán. Pero no ocurrió lo mismo -al menos por ahora- en el Consejo de la Magistratura, organismo que fue notificado por el propio tribunal acerca de la acusación y que abrió una denuncia que tramita en la Comisión de Acusación. Esta última es la que evalúa la posibilidad de abrir juicio político a jueces y juezas y uno de sus integrantes es el instructor de la pesquisa. En este caso le tocó al senador radical Eduardo Vischi, quien todavía no pidió medidas o presentó pruebas. Pero es posible que si él no avanza lo hagan otros consejeros/as.

Un tema de conducta

La investigación en el Consejo no está sujeta a la determinación de un delito sino a evaluar la conducta del magistrado y sus implicancias. En este caso ocurrió algo sin precedentes: como evaluaron que podía quedar “comprometido” el funcionamiento de la Cámara, todos los colegas de Hornos, con excepción de Carlos Mahiques, votaron en un plenario notificarle al organismo la existencia de una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, otra en el fuero civil –donde una jueza estableció una restricción de acercamiento de Hornos a la víctima– y otra penal. Esta última primero pasó por el fuero ordinario pero terminó en Comodoro Py, ya que el juez de instrucción Alfredo Godoy sostuvo que no estaban en juego solo delitos “que no son exclusivamente de la vida privada” sino que el camarista habría invocado su cargo para amenazar a su expareja, disuadirla de denunciarlo, y advertirle que mientras él tiene poder ella carece de garantías.

En el Consejo, inmediatamente a la notificación de Casación se le dio forma de denuncia. Luego la llamada “comisión de giro” debía decidir si se trataba de un tema disciplinario o podría llevar a una acusación y la apertura de un proceso de remoción. Entre los presidentes de las comisiones, Héctor Recalde (Disciplina) y Miguel Piedecasas (Acusación) no hubo acuerdo, y desempató el consejero y diputado Rodolfo Tailhade. Luego se sorteó el instructor o “informante”, y le tocó al senador radical Vischi. No está muy claro hacia donde va Vischi, pero es cantado que habrá consejeros/as que impulsarán pruebas. La próxima reunión de Acusación es el 9 de octubre.

La denuncia original

La denuncia de la víctima, una psicóloga de 47 años que había estado en pareja con Hornos, a quien conoció en 2015, fue presentada ante la OVD. Allí la mujer describió presuntas situaciones de abuso sexual, maltrato físico y psicológico, además de posibles amenazas y acciones basadas en el poder del camarista por el cargo que ostenta desde 1995, cuando lo nombró Carlos Menem. El juez fue intimado a cesar en su actos de intimidación y se le impidió acercarse a ella a un radio inferior a 200 metros. Se le prohibió todo tipo de contacto. Esto fue a partir de la intervención de la jueza Paula Marinkovic. La expareja de Hornos relató seis hechos de violencia concretos, pero no promovió una causa penal e incluso cuando le preguntaron dijo que no quería hacerlo. Es más, dijo tenía temor de hacerlo por las advertencias que le hacía Hornos.

Pese a eso, y por algunos puntos de su relato, se le dio intervención al fuero penal. “Yo soy juez, tengo mucho más poder que vos”, es una frase que ella le adjudicó al camarista y que se reproduce en la declaración de incompetencia del juez Godoy. También le habría dicho: “Yo hago lo que quieras, pero retirame la denuncia. Soy juez, soy más grande, tengo más recursos que vos” y “tu voz está grabada en Casación”.La denunciante sostuvo que el juez le habría mandado, además, “un mafioso que trabaja en operaciones de inteligencia” que le habría advertido que no fuera a la OVD, diciéndole que la iban “a filmar” y la iban “a enterrar”.

El juez Godoy dijo que el tema debía ser investigado en Comodoro Py debido al presunto “el aprovechamiento por parte del imputado, de su calidad de Magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido, como del acceso a las herramientas del estado y la utilización en su favor personal, en tanto habría presuntamente enviado a personal de operaciones de inteligencia a vigilar y amenazar a la denunciante; todo lo cual le habría otorgado un mayor poder vulnerante a sus alocuciones”. Seguía la línea del fiscal Adrián Peres, quien evaluó que las acciones adjudicadas a Hornos “no son exclusivamente de la esfera de la vida privada del Magistrado, sino que comprometerían su desempeño como funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que se podría haber visto entorpecido el legítimo ejercicio de sus funciones, afectado el buen funcionamiento de un servicio federal y causado un detrimento en el patrimonio de la Nación”.

En los tribunales de Retiro la causa le tocó al juzgado federal 8, de Marcelo Martínez de Giorgi –quien está de licencia y es subrogado por Sebastián Ramos–, y al fiscal Marijuán. Para que la causa avance debe tener impulso de la fiscalía. Marijuán se enfocó en obtener la declaración de la víctima. La mujer, dijo que ella todo lo que tenía para decir lo había dicho en la OVD, que ella buscaba protección, y que en esa dependencia también había aclarado que no quería impulsar una causa penal. Marijuán calificó parte del relato de la expareja de Hornos y dijo que tenía algunas “incongruencias e inconsistencias” pero aclaró que más allá de eso no encontró “elementos que permitan avanzar en la pesquisa si, fundamentalmente aquellas imprecisiones, no se suma un relato bajo juramento y pormenorizado de la cuestión, que precise los sucesos y aporte la posibilidad de clarificar y reconstruir lo que se dice que ha acontecido”.

“Todo indica que la solicitud de archivo efectuada porel representante del MInisterio público fiscal luce acertada y que se presenta como la mejor solución al caso”, refrendó el juez Ramos para quien se necesita “inexorablemente la iniciativa de la víctima, de la que se carece en el caso”. Así las cosas, manda la causa al archivo. De la resolución del juez Godoy y el dictamen del fiscal Peres, surge otro razonamiento completamente distinto: ellos plantean que hay delitos que no son de acción privada sino pública que surgen del relato de la mujer. En este segundo caso, donde está en juego la función como camarista de Hornos, no se requiere el impulso de la víctima e incluso se podrían producir medidas investigativas que no necesariamente la incluyan. Hay quienes ven llamativo que Marijuán y Ramos hayan invocado la falta de impulso de la víctima para los delitos de la esfera privada, para cerrar la causa en lo que atañe a delitos de acción pública, que pueden poner en juego el buen funcionamiento del sistema de justicia.

Hornos y CFK

Hornos es uno de los integrantes de la sala de Casación que tiene a cargo la revisión de la condena de la causa “Vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner y otras personas. Este fin de semana varios medios anunciaron en tándem que la condena a seis años de cárcel será confirmada, con algunas diferencias internas entre los jueces: los otros dos son Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Hornos es el que, según estas versiones mediáticas, quiere aplicarle la figura de asociación ilícita y agravar la pena. La expresidenta había recusado a Hornos: primero por sus visitas a Mauricio Macri durante su gobierno, cuando es claro que el exmandatario tenía interés en todas las causas contra ella que estaban en Casación y duda de su imparcialidad; recientemente sumó la denuncia por violencia de género, algo que –sostiene– muestra que no es alguien que pueda tener perspectiva de género para analizar la acusación en su contra. Los colegas de Hornos rechazaron la recusación sin convocar a la defensa, a cargo de Carlos Beraldi. Por todo esto CFK presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Fuente: Página/12