Caso Agudo: médicos confirmaron las lesiones y la sentencia se dará a conocer en febrero

En la cuarta audiencia por el juicio que se le sigue a tres policías por haber detenido ilegalmente y golpeado durante el procedimiento a un joven con Síndrome de Down en Sáenz Peña declararon dos médicos, el jefe de la Comisaría Cuarta y un menor de edad que fue testigo del hecho. Las testimoniales restantes, los alegatos de clausura y la sentencia se conocerán recién en febrero, tras la feria judicial.

Recién en febrero se conocerá la sentencia del juicio que se le sigue a tres policías por haber detenido ilegalmente y golpeado durante ese procedimiento a un joven con Síndrome de Down en Sáenz Peña, en abril de este año. Eso se resolvió este jueves en lo que fue la cuarta audiencia en la Cámara Primera en lo Criminal de esa localidad teniendo en cuenta el inicio de la feria judicial.

También se dispuso que los testimonios de una psicóloga y una testigo presencial se pasen para el 4 de febrero. En esa ocasión se visualizarán una serie de videos y documentos clave. Finalmente, tanto los alegatos de clausura y la sentencia se conocerán el 7 de febrero.

Durante la jornada, se dieron cuatro declaraciones testimoniales. Declaró un menor de edad, que presenció el procedimiento en el cual los policías capturaron al joven Emanuel Agudo. También brindó su testimonio el jefe de la Comisaría Cuarta, Juan Ortiz. El comisario aseguró haber tenido conocimiento del hecho desde un primer momento. Sin embargo, su aseveración se contradice con las documentales que forman parte del expediente, donde se constata que las actuaciones se iniciaron el 16 de abril, cuando el hecho se produjo ocho días antes.

Asimismo, declararon el médico forense Benjamín Sánchez Paredes y el especialista en imágenes, Mario Alejandro Varela. Ambos médicos coincidieron en la existencia de las lesiones que sufrió Emanuel tras el procedimiento policial.

“¿Sos chorro o qué?”

De acuerdo a la investigación penal preparatoria realizada por la fiscal Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, Emanuel salía del gimnasio con rumbo a su casa. Su trayecto era el de siempre: caminar por avenida 33 hasta llegar el barrio Nuestra Señora del Carmen. Ese día estaba lloviznando, por eso estaba con la capucha del buzo puesta sobre su cabeza.

Durante el recorrido, al llegar la intersección de la calle 46, justo en la esquina, apareció un patrullero. Dentro del vehículo estaban tres policías: la jefa a cargo, la Oficial Principal, Nélida Rojas y los agentes, Rubén Ponce y Julio Rivero, todos de la Comisaría Cuarta.

Supuestamente, buscaban a un sujeto que -según vecinos a quienes nunca pudieron identificar- estaba merodeando la zona de manera sospechosa. “¿Qué hacés ahí?”, le preguntaron desde el vehículo de mala manera a Emanuel. El escuchó que lo increparon con un “¿Vos sos chorro o qué?”. Las cámaras de seguridad de la zona confirmarán luego que Emanuel no hizo absolutamente nada ilegal.

Al ver el patrullero, y a esos tres policías armados, el joven se asustó y lo primero que atinó a hacer fue escapar. Corrió por calle 46 con rumbo a un pastizal cercano. De acuerdo a la imputación de la fiscalía adjunta de Derechos Humanos, los agentes Rubén Ponce y Julio Rivero, se bajaron del móvil policial y lo persiguieron a pie.

Fue Ponce quien logró detener su marcha a través de una zancadilla que hizo patéandolo desde atrás, para que pierda el equilibrio. Emanuel cayó pesadamente al piso, se golpeó. Ya reducido, le torcieron los brazos hacia atrás, lo levantaron bruscamente del suelo y lo trasladaron hasta el patrullero, donde lo dejaron ubicado en el asiento trasero.

En ese momento apareció una vecina que atendía un kiosco quien les advirtió a los policías que Emanuel eran un joven con discapacidad y que debían llamar a sus padres. Posteriormente llegó el papá y su hermana, quienes lo bajaron del patrullero y lo llevaron hasta su casa.

Por este hecho, están imputados los agentes de la Policía del Chaco, Rubén Ponce y Julio Rivero, y la oficial principal, Nélida Rojas. Todos, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de funcionarios públicos. A Ponce y Rivero, se los acusa también de lesiones leves agravadas.